“La muerte de Jokin ha sido convertida en un referente mediático en materia de acoso escolar al incluir la dimensión jurídica. Condenar a varios menores por un delito contra la integridad moral, por trato inhumano o degradante previsto en el artículo 173 del CP abre un horizonte, hasta ahora desconocido, en el tratamiento de los supuestos de acoso escolar”. En un estudio que comienza señalando este caso emblemático en el país peninsular, que para nosotros revela cuna importancia primordial desde que, en lo que va del año 2007, han sido varios los estudiantes y menores que han decidido terminar con sus vidas, entre otras circunstancias por el acoso y agresión moral del medio humano en que se desenvolvían. Entre ellos debemos recordar, el caso ocurrido en la Octava Región de Chile, cuando un menor llega a la Escuela armado con la escopeta de su padre y asesina a su compañero de clases motivado por celos.

Lo que intentamos decir, es que en nuestro país, la violencia escolar se expresa no solo en los ataques permanentes, con todas las formas de violencia física, moral o psicológica, sino, que más aún, entre los jóvenes asesinados por los propios compañeros y los que agotados moralmente de la persecución, el desamparo y la constante y permanente agresión, se suicidan, hacen un numero que debiera causarnos horror, pues, ello, demuestra en forma fehaciente la descomposición ética y moral, de nuestra confusa sociedad.

El destacado Psiquiatra, Sergio Canals Lambarri, analizó el fenómeno con docentes y estudia el 5 de diciembre pasado en la Universidad San Sebastián.
“Llegué a Concepción a terminar una gira que comencé en las sedes del sur, por lo tanto me siento como en casa”, expresó el Psiquiatra infanto juvenil Sergio Canals Lambarri, quien abordó en la Sede Las Tres Pascualas el tema:
“¿Cómo enfrentar la amenaza del bullying o acoso escolar?”.
“El bullying es la acción persistente de dañar a otra persona o compañero más débil e indefenso”, explicó el profesional.

Es así, como Canals dijo que en el aula hay factores que determinan este fenómeno como “la escasa preocupación de los docentes por los estudiantes, el poco apoyo emocional, la mala relación entre los alumnos”, entre otros factores, precisó. Además, explicó que en este fenómeno siempre hay tres participantes: el agresor, la víctima y el cómplice.
El médico nos expresa que los elementos activos del bullying son el acosador y su cómplice o cómplices, lo que revela una acción calculada y premeditada, que se manifiesta en el seno de la sociedad educacional, en los marcos del deber de vigilancia del Director del colegio y los maestros.

El acoso escolar de ningún modo es una situación límite, sino que, al contrario, es una agonía permanente, cotidiana, en que la víctima soporta humillaciones, agresiones psicológicas, murmuraciones, desprecios, apodos o motes y ridiculizaciones. Todas de efectos catastróficos para la salud mental del individuo acosado. Al respecto, la legislación chilena nos conduce a establecer las responsabilidades de la Corporación Educacional y de su director. Respecto de este último cabe señalar que se trata de una responsabilidad extracontractual prevista y sancionada en los artículos 2314 y 2329, en relación al artículo 2320, todos del Código Civil Chileno, en cuanto este último expresa que toda persona es responsable de sus hechos propios, pero también de los de aquellos que se encuentran bajo su cuidado, así, el director o jefe de un establecimiento responde de los hechos de sus discípulos.

En cambio, el contrato de prestación de servicios educacionales que el padre o el apoderado acuerda con la Corporación Educacional, hace a esta última responsable, desde el punto de vista de la responsabilidad contractual, pues, ella obliga a la corporación al “deber de cuidado” del alumno, de tal modo que éste no puede sufrir daño alguno cuando esté bajo su cuidado o responsabilidad, dado que ello la hace responder por dichos daños.

Pero, no siempre responde la Corporación o el Director. Hay una situación reconocida y expresada por el Código Civil en el artículo 2321, que señala expresamente que los padres siempre son responsables de la conducta de sus hijos, cuando las acciones ilícitas que estos cometan, sean producto de la mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Dice, textualmente la disposición:
Art. 2321. Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir.
Una encuesta de CONACE, estimó que en Chile en la categoría de victimización, a lo menos el 49 por ciento de los alumnos encuestados han sido víctimas de robo, una forma de agresión escolar. Y no menos de una cuarta parte sufre acoso escolar grave.
Desde otro punto de vista, es absolutamente factible demandar,además, la responsabilidad del Estado en los Daños ocasionados por prácticas de “bullying”, a los menores que se encuentran al cuidado de una Corporación Educacional del Estado o de una Municipalidad.

CAUSAS POSIBLES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.-

No podemos desconocer un hecho real.
Nuestro país, se desliza por el declive de la violencia a pasos agigantados. Todos los días vemos las acciones policiales destinadas a limitar la acción del narco tráfico que afecta principalmente la población joven y sus nefastas consecuencias de agresión y muerte. Pero, al mismo tiempo observamos el desprecio a la vida en las carreteras y no podemos dejar de asombrarnos con las siniestras cifras de muertos e incapacitados. Todo ello es indicio del ámbito extremadamente grande que abarcan los hechos de violencia.

Los jóvenes hoy son, sin duda, los actores activos de alcoholismo, drogadicción, acciones temerarias que causan daño, violencia contra terceros y suicidios. Chile, muere cada día en la violencia de sus jóvenes.

No es todo, debemos saber que el trabajo en sí, resulta un ambiente peligroso para los trabajadores de nuestro país. Un gran número de ellos muere o queda discapacitado durante su vida laboral. Hablamos de un número que varía entre los 300 a 350 trabajadores muertos y varios cientos de incapacitados Los accidentes del trabajo mortales se suceden uno tras otro sumando cerca de uno diariamente, un estilo de violencia que transgrede la paz social y crea sentimientos de impunidad sobre los hechores, quienes muy raramente aparecen culpable del siniestro, y los Tribunales de Justicia, cuando se trata de reparar el daño por la muerte o incapacidad, se asilan en la doctrina que no se puede obtener ganancia a costa de los accidentes o muerte de los trabajadores, terminando absurdamente en una absolución penal o en una suma ridícula como indemnización reparatoria.

De esta forma matar o incapacitar por negligencia laboral, resulta más barato que hacerse cargo del deber de cuidado, que la empresa debe tener respecto de sus trabajadores. Asunto que acarrea el desprecio de los jueces y la convicción de los afectados que estos se encuentran sumisos al poder político y económico.

La Violencia en el Trabajo se puede clasificar en:
1.- Violencia económica.
2.- Violencia de trato.
3.- Violencia en la inseguridad laboral.
4.- Violencia en la inestabilidad laboral.
5.- Burn-out.
6.- Neurosis Laboral.
7.- Discriminación.

Los grados de violencia en Chile, ha llevado al episcopado nacional a presentar a la opinión pública la idea del “salario ético”. Pues, la base de toda inequidad comienza con la violencia económica que el sistema aplica a los trabajadores, que forman una masa equivalente a un ochenta por ciento aproximadamente, de la población nacional, a fin que las remuneraciones alcancen a lo menos doscientos cincuenta mil pesos, como un mínimo ética moralmente aceptable. (US$ = 505 pesos chilenos). Esta es a mí entender, la base esencial de la violencia que se desarrolla con fuerza en nuestra sociedad y la hace ajena a los valores tradicionales de solidaridad y paz social. Una familia de la masa del ochenta por ciento no puede vivir sosteniendo la fuerza del marketing que arrasa la tranquilidad de los hogares, creando carencias artificiales y elevando los grados de necesidad de bienes y servicios en las personas de escasos recursos. Los psicólogos del marketing han llegado a crear espacios comerciales en los sectores de menores ingresos a fin de recaudar en todos los niveles el circulante monetario. El poder del efecto demostración, crea frustraciones y odios incontenibles, entre los que no pueden alcanzar los bienes y servicios que el comercio ofrece.

Los malos tratos de palabra y obra son fuentes menores de violencia en cuanto al grado de violencia, no por eso menos dañina cuando se prolongan en el tiempo y se constituyen en una forma normal de trato al trabajador. Crea en él un resentimiento y una aversión psicológica a la autoridad y a las normas legales. Pues, identifica todo el sistema con su empleador abusivo.

Por ello, en Chile hay un ejército de niños que trabajan arriesgando su vida en los cruces de las vías urbanas, en los supermercados, en las tareas más duras como la agricultura y forestación e incluso en la actividad constructora. Los niños son un ejército de más o menos ciento ochenta mil pequeñas almas, que sufren el drama de distraer su tiempo destinado al juego y a la recreación obligándolos a laboral con el fin de llevar un poco de dinero a su hogar. Desgraciadamente en supermercados y grandes tiendas, esta práctica de utilizar menores sin contrato alguno y a cero costo, se ha hecho una costumbre aceptada y promovida ante los ojos de la autoridad fiscalizadora. El niño reemplaza un trabajador y lo hace por una propina o la mera caridad del usuario, pero, no existe compromiso alguno con la empresa beneficiada con el trabajo de estos menores.

La violencia en los niños comienza en la aceptación del público de tener un empaquetador y una persona a quien cargar con las compras para llevarlas al vehículo. Ello se acepta, utilizando, entre otros argumentos, que se le hace un favor a un niño que de otro modo podría estar realizando acciones delincuenciales. Una forma de lavar el alma y evitar el complejo de culpabilidad que acarrea esta práctica del todo abusiva y corrupta.
Los niños sufren violencia:

1.- En sus roles laborales indefinidos y no formalizados.
2.- En las Escuelas.
3.- En las limitaciones en la adquisición de bienes específicos.
4.- En la calle cuando son acosados por pandillas y grupos.
5.- En el trato cotidiano por los mayores.
6.- En los hogares de riesgo socio-económico.
7.- Frente a los traficantes de droga.
8.- Al no serles reconocidas sus labores como trabajo pagado.
9.- Violencia del Estado, en su trato indiferente y mala calidad de la protección a los niños.

No me agoto en señalar, una y otra vez, como el Estado fue capaz de encerrar a un menor de siete años en una cárcel pública, ha ya algunos años, y lanzarlo a la calle sin ayuda, educación o formación mínima, cuando éste alcanzó los catorce. Son hechos que nos llevan a fortalecernos en nuestro actuar y a decidir que nada puede desviarnos de insistir en estas justas causas.

Este grado de violencia se conjuga con la violencia intrafamiliar, que se ha desatado en el año actual ascendiendo a 60 situaciones contadas y denunciadas, de muertes por parejas, en las que generalmente la mujer es la víctima.
Además, de esta violencia extrema, debemos convivir con la violencia cotidiana física o psicológica de menor grado, pero no menos destructiva, asunto que se refleja en que un elevado porcentaje de niños solo piden al “Viejo Pascuero”, el cese de la violencia entre sus padres. Como lo dijo el Senador Núñez en el Senado al proponer el estudio de una ley sobre esta materia, se trata de una situación catastrófica, a la que no conviene hacerle el quite, sino, enfrentarla como una realidad cruel, cuyo origen más cierto, es el profundo quiebre de la igualdad socio-económica en nuestro país, y el tormentoso efecto de la utilización de los medios de comunicación social para hacer demostraciones de tecnología, bienes y servicios, a los que solo una clase privilegiada puede alcanzar. En definitiva, se trata de la desigualdad en el corazón de la filosofía social: La Libertad avasallada por la inequidad económica.