América Latina lleva cinco años creciendo por encima del 4 por ciento. Este mayor crecimiento, con respecto al pasado, proviene, entre otros motivos, del incremento de los precios de los productos primarios (especialmente petróleo, metales y alimentos), de la buena política económica y de la entrada de divisas procedente de las remesas de los emigrantes.

Se espera además que la coyuntura favorable continúe en 2008, con un crecimiento estimado del PBI del 4,5 por ciento. Si este pronóstico se confirma, al final del 2008, la región habrá acumulado, en seis años, un aumento de la renta por habitante del 20,6 por ciento (equivalente a algo más del 3 por ciento anual, el período de mayor crecimiento desde 1980).

Esta constatación fue realizada por un grupo de economistas iberoamericanos (Guillermo de la Dehesa, José Luis Machinea, Carmelo Mesa, Alejandro Ferreiro, Javier Santiso, David Taguas, etc.) reunidos en Barcelona el 26 y 27 de octubre, como preparación de la XVII Cumbre Iberoamericana que se está celebrando del 8 al 10 de noviembre en Santiago de Chile.

En aquel foro preparatorio de Barcelona, los economistas señalaron que debía aprovecharse esta favorable situación económica para aumentar la cohesión social y reducir la pobreza y las desigualdades en América Latina.

Para lograr el objetivo, es necesario construir, en toda la región, un sistema de protección social. Cada país debe ejecutar una reforma fiscal que aborde el problema de la desigualdad y establecer pactos sociales que permitan reformas educativas, laborales, en el sistema de pensiones y de la salud.

1) Política fiscal y desigualdades

En efecto, en lo relativo a la política fiscal, en muchos países latinoamericanos la composición del gasto público no favorece mejoras en la distribución de la renta. Así, en la sociedad civil se genera un rechazo al pago de impuestos.

Los economistas destacaron que el gasto

público debería ser el principal instrumento de redistribución de la renta y debería orientarse hacia los sectores socialmente más necesitados.

De producirse cambios sensibles en la composición del gasto, se conseguiría un mayor apoyo social para realizar una reforma fiscal profunda que avance hacia un sistema más transparente, fácil de recaudar y administrar, que permita además ampliar las bases imponibles y reducir la evasión.

2) Formación de pactos sociales

El segundo tema clave de la cumbre Iberoamericana es la necesidad de pactos sociales. Desde el final de la segunda guerra mundial, las democracias avanzadas han recurrido al establecimiento de pactos sociales corporativos, es decir, acuerdos laborales y fiscales entre sindicatos, asociaciones patronales y el gobierno, con el objetivo de conciliar la estabilidad de precios, el pleno empleo y el crecimiento económico.

¿Es posible establecer dichos pactos entre los agentes económicos y el gobierno en América Latina?

Debido a la estructura del mercado de trabajo latinoamericano y al sistema de representación sindical, en el pasado, la posibilidad de establecer y mantener pactos sociales ha sido reducida.

América Latina necesita, sin embargo, completar la transformación iniciada en las últimas dos décadas: la transición de una economía proteccionista, controlada por el Estado y basada en la sustitución de importaciones a una economía abierta y competitiva.

Esta transformación sería más sencilla si viniera acompañada por el establecimiento de pactos sociales entre los agentes económicos más representativos y el gobierno de cada país. Dichos pactos no solo permitirían abordar la reforma laboral sino también las necesarias reformas en educación, sanidad y sistemas de pensiones.

En definitiva, la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago tiene la oportunidad de dar soluciones a estos problemas. Los economistas iberoamericanos aconsejamos a los gobiernos mantener la actual bonanza económica y aprovecharla para mejorar el bienestar de la ciudadanía combatiendo la pobreza y acortar las desigualdades mediante pactos nacionales que incluyan una reforma fiscal.