Son substanciales las modificaciones que en la Ley Universitaria deben adoptarse en los aspectos académico-administrativo, estructural, económico-financiero, en el gobierno y designación de sus autoridades así como en el desarrollo del potencial académico de sus docentes y estudiantes. Modificaciones para un contexto de un mundo cada vez más sistemáticamente competitivo y globalizado cuyo activo principal son el conocimiento, la información y la tecnología.

 

En el aspecto académico-administrativo se debe introducir un modelo de organización y gestión más simple, dinámica y flexible basada en objetivos y administraciones modulares y no como actualmente en funciones departamentalizadas. Terminar con la atomización curricular, académica y administrativa son urgentes.

 

En el se debe propiciar la simplicidad definida por la estrategia gerencial universitaria al servicio de las misiones académicas y científicas y no a la inversa como lo es hoy. Permitir que cada universidad pueda instaurar tantos vicerrectorados como demandas académicas, científicas y tecnológicas necesite atender. Crear o establecer Consejos Generales de Investigación Interuniversitaria o a nivel de cada universidad y promover investigaciones básicas, aplicadas y transdisciplinarias.

 

Para la promoción del potencial y desarrollo académico y científico  se debe establecer sistemas de incorporación de docentes sólo por méritos y acreditaciones académicas con remuneraciones atractivas. Es preciso no sólo romper sino acabar con la endogamia académica hoy prevalente; así como permitir movilidad de docentes en el sistema universitario como el libre acceso a cualesquiera de las categorías profesorales. La integración, interacción e interdependencia son siempre saludables. Establecer sistemas apropiados de financiamiento de las investigaciones universitarias; es urgente.